Da el diario El País la noticia de que el dueño de una finca de inquilinos deja que se pudra, para echar a cinco vecinos. Compró la finca hace diez años y dicen que desde entonces no ha dejado de hacerles la vida imposible. Tiene veinte viviendas pero en la actualidad sólo cinco están ocupadas. Cuando se vacía una el dueño tapia la puerta inmediatamente.
Comprar un edificio con inquilinos parece, a simple vista, una inversión segura, con una rentabilidad aceptable. Lo que ocurre es que en nuestros días el dinero ha cobrado una importancia desmesurada y su simple posesión, no importa cómo se haya conseguido, otorga prestigio social. Quizá sea esto lo que hace que algunos de esos compradores de fincas tengan prisa por verlas vacías. Marina Parés viene hablando desde hace tiempo del acoso inmobiliario. Parece ser que los acosadores inmobiliarios son llamados asustaviejas en Andalucía. Visto el auge que está tomando esa práctica, la Administración debería tomar cartas en el asunto. Quienes compran edificios con esa finalidad suelen conocer al dedillo la ley y, por tanto, conocen hasta donde pueden llegar e incluso qué leyes pueden vulnerar sin que los inquilinos se enteren. Éstos, por su parte, pueden carecer de recursos para consultar a un abogado y lógicamente de la motivación para pleitear. No quieren ganar dinero, sino vivir en paz. Por tanto, debería crearse un registro de todas las fincas que se transmiten en estas condiciones. El comprador debería recibir un escrito en el que se le notificara que todo lo que hace en ese edificio está sometido a inspección y que en el momento en que se le detectaran actuaciones que demostraran de modo inequívoco su interés en que el edificio se vacíe antes de lo previsto, como tapiar las puertas de las viviendas vacías, ya debería presentarse periódicamente ante un juez para jurar que va a respetar los derechos de los vecinos restantes y justificar documentalmente que cumple con su obligación de mantener el edificio en buenas condiciones.
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Comprar un edificio con inquilinos parece, a simple vista, una inversión segura, con una rentabilidad aceptable. Lo que ocurre es que en nuestros días el dinero ha cobrado una importancia desmesurada y su simple posesión, no importa cómo se haya conseguido, otorga prestigio social. Quizá sea esto lo que hace que algunos de esos compradores de fincas tengan prisa por verlas vacías. Marina Parés viene hablando desde hace tiempo del acoso inmobiliario. Parece ser que los acosadores inmobiliarios son llamados asustaviejas en Andalucía. Visto el auge que está tomando esa práctica, la Administración debería tomar cartas en el asunto. Quienes compran edificios con esa finalidad suelen conocer al dedillo la ley y, por tanto, conocen hasta donde pueden llegar e incluso qué leyes pueden vulnerar sin que los inquilinos se enteren. Éstos, por su parte, pueden carecer de recursos para consultar a un abogado y lógicamente de la motivación para pleitear. No quieren ganar dinero, sino vivir en paz. Por tanto, debería crearse un registro de todas las fincas que se transmiten en estas condiciones. El comprador debería recibir un escrito en el que se le notificara que todo lo que hace en ese edificio está sometido a inspección y que en el momento en que se le detectaran actuaciones que demostraran de modo inequívoco su interés en que el edificio se vacíe antes de lo previsto, como tapiar las puertas de las viviendas vacías, ya debería presentarse periódicamente ante un juez para jurar que va a respetar los derechos de los vecinos restantes y justificar documentalmente que cumple con su obligación de mantener el edificio en buenas condiciones.
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