La decisión que ha tomado Esteban González Pons en el ya llamado caso Catral resulta, de momento, desconcertante, puesto que no se sabe exactamente a qué motivos obedece. Siendo tantas las barbaridades urbanísticas, quizá haya querido dar un golpe de efecto para ver si con ello frena la tendencia. Pero si fuera así, podría haber elegido otra fecha, para no coincidir con la inoportuna e incomprensible moción de censura, ante la que el comportamiento popular tampoco ha sido muy elegante. Y además de elegir otra fecha, podría haber optado por, al menos, dos ayuntamientos, uno de cada color político, puesto que los políticos no han sido elegidos para hacer política partidista, sino para servir a los ciudadanos y para se les pide el voto también. Pero puede ser que no que no lo haya hecho para que sirva de ejemplo, sino que se haya impuesto la tarea de limpiar la Comunidad Valenciana de edificaciones ilegales. En este caso cabrían dos cosas. En primer lugar, habría que felicitarle por haberse atrevido con tamaña tarea, que quizá tengan que terminar sus sucesores muchos años después. Y en segundo lugar, habría que volver sobre lo mismo, en que la fecha elegida debería haber sido otra y no haber comenzado sólo con pueblo regido por el partido rival.
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