Según una información que difunde hoy el diario El País, en La Romana, un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, se ha aprobado un PGOU con los votos del PP y una concejal independiente y con la oposición del Partido Socialista valenciano, que gobernaba anteriormente. A los 10 días de haberse aprobado dicho plan, ya está agotado, puesto que los promotores se han apresurado a presentar sus proyectos urbanísticos. Con ellos, el pueblo puede casi cuadruplicar su número de habitantes en muy poco tiempo. Ante las críticas, el alcalde se defiende diciendo:
Lo que ocurre es con ese modo de proceder, sea cual sea la situación del momento, lo lógico es desconfiar; lo cual no significa que necesariamente tenga que haber corrupción, pero sí que hay, indudablemente, un modo de actuar incorrecto.
Se ha demostrado que el poder que tienen los ayuntamientos en cuestiones urbanísticas es excesivo, por lo que debería haber un organismo superior que aprobara o denegara sus propuestas. Pero mientras no se cree ese organismo y a la vista del desastre actual, los líderes de los partidos deberían imponer a sus agrupaciones locales que no aprobaran nada que tuviera relación con el urbanismo sin pactarlo previamente con la oposición. Viene a suceder que a los partidos les gusta mucho acusarse mutuamente de corrupción, pero no hacen nada por detenerla.
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"Sería inviable edificarlo todo en dos o tres años. El mercado no está tan boyante. Lo que pasa es que las sospechas en temas urbanísticos están al orden del día".
Lo que ocurre es con ese modo de proceder, sea cual sea la situación del momento, lo lógico es desconfiar; lo cual no significa que necesariamente tenga que haber corrupción, pero sí que hay, indudablemente, un modo de actuar incorrecto.
Se ha demostrado que el poder que tienen los ayuntamientos en cuestiones urbanísticas es excesivo, por lo que debería haber un organismo superior que aprobara o denegara sus propuestas. Pero mientras no se cree ese organismo y a la vista del desastre actual, los líderes de los partidos deberían imponer a sus agrupaciones locales que no aprobaran nada que tuviera relación con el urbanismo sin pactarlo previamente con la oposición. Viene a suceder que a los partidos les gusta mucho acusarse mutuamente de corrupción, pero no hacen nada por detenerla.
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