Alarma social

Serafín Castellano, portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas, exigió ayer al Partido Socialista valenciano que pida disculpas por haber puesto en entredicho la seguridad del metro de Valencia. La pretensión es insólita. La cuestión es que hay 43 muertes que no debieron producirse. Los viajeros del metro, o tren de cercanías, no ponen su vida en manos de una empresa de transportes del sector privado, sino en las de la Generalidad Valenciana. Esto no implica que no existan riesgos, pero la obligación moral del Consell es la de tratar de impedir todos los que pueda. Las causas que han originado este accidente son achacables a la Generalidad; no se deben a una causa imprevisible, sino que ha fallado alguno de los mecanismos que dependen del titular del servicio, ya sea fallo humano o técnico. Si se trata de un fallo humano, el causante ya ha pagado con su vida. Tratar de cargarle más responsabilidades puede ser incluso cruel. Porque alguien le confió ese trabajo y quizá no estaba en condiciones, o pudo ocurrirle cualquier otra cosa. Al final, quien ha fallado es el sistema.
Se pueden criticar los modos y maneras de la oposición, pero no negarle su derecho a clamar al cielo. Por otro lado, la actitud del Consell, tratando de eludir responsabilidades tampoco invita al debate sereno.

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