Si el toque de atención de la Unión Europea pudo ser molesto, por lo que pudo tener de campaña contra la Comunidad Valenciana, el informe del Sindic de Greuges ya resulta especialmente doloroso. El informe contiene esta afirmación textual:
los ciudadanos siguen poniendo de manifiesto la pasividad municipal y autonómica ante la realización de obras ilegales que acaban consolidándose ante el incumplimiento de las órdenes de demolición por parte de los propietarios, los cuales, más a menudo de lo que sería deseable, ni siquiera son sancionados, de forma que se genera una permisividad preocupante
La pasividad, tanto la municipal como la autónomica, es especialmente grave y pone de manifiesto que no hay especial interés en proteger el interés ciudadano, el entorno, ni tampoco de atajar la corrupción.
Esta pasividad debería ser considerada penalmente como prueba de corrupción y debería implicar en la culpa a todos los políticos, del poder o de la oposición, que tuvieran algún tipo de responsabilidad, por acción o por omisión, en el asunto.
Los políticos se acusan unos a otros de corrupción, pero sólo el Sindic de Greuges quien explica el estado de la cuestión.
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