Macrojuicio en Valencia

No quería escribir sobre el caso de los contagios de la hepatitis C, por no opinar sobre algo que se está juzgando. Sin embargo, hay cosas acerca de este caso sobre las que sí se puede hablar. El simple hecho de que se esté juzgando ya demuestra que pudo suceder. Es decir, que 276 personas se contagiaran en los quirófanos de la sanidad pública. En este sentido puede entenderse la petición de la abogada uno de los abogados de suspender el juicio, para imputar también a los responsables de Sanidad.
Pero ya desde el primer momento, cuando se destapó el asunto, y no porque lo pida ahora una abogada, debió salir a relucir la responsabilidad de los políticos encargados. Y no sólo la de quienes ocupaban los cargos, sino también la de los grupos de la oposición, que tienen encomendada la tarea de vigilar que los bienes públicos se gestionen adecuadamente.
Pero aquí parece que la principal tarea de los políticos no es el servicio al ciudadano, sino que eso es una carga que llevan con resignación, porque ellos lo que quieren es el poder. Y quienes lo tienen ponen todos sus esfuerzos en conservarlo y quienes no lo tienen en conseguirlo. El asunto de la dimisiones o las destituciones ni lo piensan. Han de verse muy forzados para ello. El respeto al ciudadano, no obstante, exige que cuando alguien ha hecho algo mal, debe dimitir o ser destituido. Sobre todo cuando el error es grande.
Supongamos que el veredicto del juez obliga a indemnizar a los afectados. ¿Por qué hemos de pagar esas indemnizaciones los ciudadanos? ¿Por qué no las pagan los partidos que no han hecho su trabajo? Nadie obliga a los partidos a presentarse a las elecciones. Ya que se presentan y luego cobran subvenciones, también deberían pagar por el trabajo contratado y no realizado.